Los grandes consumidores energéticos cobran de media 500 millones de euros al año por permitir la interrumpibilidad de sus procesos industriales si hay picos de demanda o riesgo de colapso en el sistema. Con la crisis, el bajo consumo hace impensable que esto ocurra, pero siguen cobrando por un servicio que Soria no se atreve a recortar por temor al cierre de plantas.
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