El pasado 1 de octubre el Govern de Catalunya organizó un referéndum a gran escala cuando, a priori, sus cuentas estaban intervenidas y su celebración, prohibida. ¿Cómo lo hizo y, lo que es más importante, con qué dinero? A tal respuesta quiere llegar el juez del Tribunal Supremo al frente de la causa del procés, Pablo Llarena, pero se ha topado con un obstáculo inesperado: desde el Ministerio de Hacienda no logran encontrar pruebas que apunten a la financiación ilegal.
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