Siete y ocho años de cárcel. Es la petición de prisión de la Fiscalía a la que se enfrentaron Rubén Ranz (UGT) y José Alcázar (CCOO), respectivamente, por su participación piquetes en dos huelgas generales convocadas en la pasada crisis financiera, en 2010 y 2012. El Ministerio Público les imputó, entre otros, el delito de "coacciones" para secundar una huelga, el polémico 315.3 del Código Penal que ahora el Congreso pretende derogar. Ambos sindicalistas fueron finalmente absueltos de este delito [...]
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