El hospital público Ramón y Cajal, cuarto centro más grande de la Comunidad de Madrid, catalogado de alta complejidad y con 13 unidades de referencia nacional decretadas por el Ministerio de Sanidad, echó mano de diversos trucos para adjudicar a dedo cien millones de euros al menos en 2012, durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Incluyó desde la derivación de pruebas y tratamientos a clínicas privadas a la compra de fármacos y las obras del edificio, según plasmó la Intervención regional en un documento.
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