La imputación de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola sitúa a la compañía ante un dilema: diseñar una estrategia legal alineada con la de su CEO o, por el contrario, optar por una línea de defensa independiente del mismo. El Código Penal premia a las compañías que se apartan de sus directivos y colaboran con la Justicia. Sin embargo, los CEO no suelen permitir a los abogados apartarse de su línea de defensa.
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