La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 contemplaba la creación de un registro público de morosos del alquiler (generado a partir de sentencias firmes de impagos), pero no se llegó a ejecutar porque había dudas sobre si el Estado tenía competencias, según fuentes gubernamentales. Los registros de inquilinos morosos son, pues, privados. Y cobran por acceder a su información. [...] La sociedad aún no ha registrado actividad, pero ya cuenta con un equipo de unas 15 personas trabajando en el proyecto.
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