El anteproyecto de la Ley Hipotecaria elimina el privilegio a la Iglesia para realizar inmatriculaciones de bienes en un futuro pero consolida las apropiaciones hechas hasta ahora al no tener carácter retroactivo. La reforma supone que "los criterios para las inmatriculaciones de la Iglesia Católica se equiparan con los del procedimiento generalizado", eliminando así el privilegio por el que hasta ahora podía apropiarse de bienes con la sola certificación de un obispo.
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