En los Servicios de Salud autonómicos se están implantando mecanismos empresariales, dirigidos a reducir al máximo el gasto por paciente. Entre esos mecanismos destacan los incentivos económicos destinados a «comprar voluntades» entre el personal del sector. Aunque quienes los aplican los justifican por un supuesto «aumento de la eficiencia» y una hipotética «evidencia científica», en la práctica acaban deteriorando la calidad asistencial, dinamitando la relación médico-paciente y olvidando la mejora de los indicadores del estado de salud.
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