El incumplimiento de plazos en la tramitación de un recurso contencioso-administrativo por parte de la Audiencia Nacional ha permitido a la comunidad portuaria de Valencia librarse de una multa de 42 millones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse el mercado. El mantenimiento de esas sanciones, que en algunos casos superaban los 13 millones, hubiera condenado a la desaparición a algunos de los multados.
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