A contracorriente del Ibex y del resto de las empresas del selectivo con participación pública, la tecnológica Indra, cuyo mayor accionista (18,75%) es el Estado, sigue sin firmar un " código de buenas prácticas tributarias" impulsado hace ocho años por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para intentar mejorar la cooperación público-privada en la prevención y lucha contra el fraude fiscal de las grandes empresas.
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