“La empresa sólo garantiza la función social durante 25 años. Algunos pisos llevan ya 12 años como viviendas de protección oficial, así que en 13 años dejarían de serlo”. Además, las renovaciones de los contratos, que bajo la Administración podían mantener las condiciones económicas si el inquilino seguía cumpliendo los requisitos, implican ahora una subida de precios del alquiler, de los gastos comunitarios, y la obligatoriedad de contraer seguros privados de hogar o plazas de aparcamiento.
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