El silencio administrativo, primer baremo de la opacidad institucional, aumentó respecto a 2012 pese a que las instituciones deberían estar trabajando ya para cumplir pronto la nueva norma. Tan sólo el 13% de las solicitudes recibió la información que se pedía. Mientras las comunidades autónomas mejoraron su respuesta, ayuntamientos, cabildos y otros organismos de proximidad ignoraron el 81% de las solicitudes, un 11% más que el año anterior.
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