Cuando lleguen los recursos tardíos de Pimco, Luksic y la Sindicatura, la potencial factura de la batalla legal de Popular ascenderá a cerca de 2.000 millones. Varios accionistas reclaman que se anule la venta a Santander o se les indemnice. Y apuntan que el dinero debería salir de la Junta Única de Resolución.
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