Resulta difícil que la opinión pública acepte la existencia de un jefe de Estado que no pueda ser perseguido judicialmente si comete un delito en su actividad privada. Por ello, quienes defienden la pervivencia de la monarquía deberían ser los más interesados en que la irresponsabilidad regia quede restringida al ejercicio de sus funciones públicas.
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