El tortuoso calvario comenzó el 30 de septiembre de 2012. 31 meses después, el Gobierno andaluz se ve forzado a readmitir a 787 técnicos de empleo con la amenaza de ser acusados de desobediencia judicial y acorralados por la vía penal. Deberá abonar además 65 millones en salarios de tramitación. 70.000 euros al día desde que comenzó el conflicto.
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