Más allá de la irrisoria cuantía, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, y de la vergonzante postura de la Abogacía del Estado, quien hasta el último momento ha rechazado reconocer el mal funcionamiento de la actuación policial; desde la Comisión Legal queremos poner el acento en la falta de investigación efectiva de este tipo de abusos y en la impunidad consentida que supone el incumplimiento de la obligación de los funcionarios de ir debidamente identificados.
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