(...) En los últimos años, cada vez que la justicia española sale ahí fuera a por lana, vuelve trasquilada. Al Supremo le han mandado a hacer puñetas en su persecución a Puigdemont en Alemania, Italia, Bélgica y la propia Unión Europea. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por limitar la crítica a las autoridades e instituciones del Estado y se ha convertido en la corte de apelación de los activistas perseguidos por los tribunales españoles, incluido el Constitucional.
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