La anulación de la sanción a Gas Natural por el caso de la abuela fallecida en Reus (Tarragona) por pobreza energética no es una excepción. La Justicia ha tumbado más de la mitad –un 55%– de las multas que la Generalitat ha impuesto en los últimos años a las compañías eléctricas por incumplir la ley catalana de pobreza energética, que obliga a las empresas a comunicar a los servicios sociales el corte de suministros de luz o gas. La mayoría de litigios corresponde a sanciones dictadas entre los años 2016 y 2019
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