Los acusados trabajaban como comerciales dedicados a la venta fuera de establecimiento comercial, conociéndose entre ellos al haber trabajado juntos en empresas del mismo sector. Todos ellos poseían las bases de datos de los clientes de las empresas en las que habían trabajado. Requerían pagos de hasta 40.000 euros por deudas en la compra de libros, diciéndo que si no abonaban dicha cantidad serían denunciados y se les embargaría la vivienda.
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