La secuencia de este caso corrupción legal es la siguiente. Sobre suelo protegido se construyen viviendas sociales con cuantiosas ayudas públicas. Luego, con la coartada de la crisis y la necesidad de obtener recursos para financiar "las políticas sociales", la Comunidad de Madrid cambia la ley que restringe la capacidad del propietario para venderlas y la administración se compromete a desalojar a aquellos inquilinos que no puedan pagar. A continuación se venden a precio de saldo a una empresa extraña y fiscalmente opaca a un precio de saldo..
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