La nueva ley de memoria histórica amenaza con provocar un nuevo desencuentro en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los dos vocales designados para elaborar el informe sobre esta norma —un trámite preceptivo, aunque el dictamen no es vinculante para el Gobierno— mantienen, por el momento, posturas diferenciadas sobre la norma que por primera vez hace responsable al Estado de la exhumación de fosas y anula sentencias franquistas, confirman a elDiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
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