Más de 850 fiscales criticaron la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al considerar que implicaría el cierre de muchas investigaciones, algo que está a punto de ocurrir en el 'caso del ático' en el que está imputado Enrique Cerezo, ahora jefe del exministro de Justicia. Estos representantes del ministerio público consideraban que la nueva redacción del artículo 324.4 de esta Ley podía crear "espacios de impunidad", ya que limitaba los plazos para aportar pruebas a los sumarios, que podrían acabar archivándose..
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