El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite al Consejo General del Poder Judicial ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez que deje de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta "perturbada" su independencia judicial. En caso de no ser atendido, el propio juez podrá presentar una denuncia por un delito contra la Administración de Justicia.
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