Los colegios, y otros centros de formación, eran una de las principales ‘líneas de negocio’ de la trama delictiva del ‘caso Marea’. Un coladero para hacer ‘caja’ y repartirse el botín. Solo en dos años (2009 y 2010), Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA) emitieron facturas por valor de 4,1 millones de euros, por material que no suministraron y obras que tampoco ejecutaron.
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