La anulación, por parte del Tribunal Supremo, del artículo 68, párrafo segundo, del reglamento de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (que obliga a pagar a los bancos el impuesto) amenaza con ampliar el boquete presupuestario que tienen hoy las distintas administraciones públicas. Ya sea por litigios judiciales abiertos, importes de dudoso cobro o por cantidades no reconocidas incluidas en la llamada cuenta 413, donde se incorporan aquellos gastos ya comprometidos, pero que aún están pendientes d
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