Según informan en el artículo, la presión vendría de “multinacionales de sistemas operativos”, que no son de estarse quietas mientas pierden su parte del pastel en el sector público. Y es que la compra de licencias de uso va en caída lenta pero constante, a medida que el software libre se va desplegando en las administraciones. Se calcula que Canarias ahorrará alrededor de un millón de euros y solo hablamos de software de infraestructura, no de usuario final.
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