Siempre que se señala a un Estado por sus prácticas fiscales agresivas, salta el mismo debate y las mismas preguntas: ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para considerar a un territorio un paraíso fiscal? ¿Que la Unión Europea o el Estado español no consideren a uno de ellos un paraíso fiscal lo exime de toda culpa y responsabilidad? ¿Cómo debe reaccionar la comunidad internacional ante las políticas fiscales agresivas proempresa de dichos países y ante las consecuencias en la recaudación tributaria del resto?
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