La madre de Sevilla acreedora de la mayor indemnización de la historia judicial española, 4,2 millones de euros (en sentencia aún recurrible), no sólo no quiere mostrar su identidad: es que ni siquiera quiere que se sepa en qué hospital -sevillano y público- sucedió todo. El motivo: que "tenemos que ir constantemente a la Sanidad pública y ni queremos vernos señalados, ni por supuesto que nadie pueda cometer otro error que complique aún más nuestra vida".
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