Entre los mismos figuran ex altos cargos de Adif, de dos comunidades de Regantes de Alicante y ocho empresas constructoras, entre ellas, Acciona, San José, Dragados y Sacyr. Las comisiones ilegales fueron posibles gracias a la supuesta emisión de facturas falsas, por no responder a trabajos realmente realizados, o sobredimensionadas.
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