El recurso se presenta contra la decisión de la Mesa de la Asamblea, controlada por el PP, de denegar 23 comparecencias de cargos del Gobierno sobre contratos relacionados con la gestión de la pandemia y que fueron firmados antes de las elecciones del 4-M.Ayuso y su equipo defienden que esas iniciativas de fiscalización deben circunscribirse a la acción de gobierno del Ejecutivo que está en el poder, pues este no puede hacerse cargo de lo que hicieron los precedentes, a pesar de que es la misma presidenta y el 70% del Gobierno es el mismo
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