Hace tres años, les dijeron que debían dejar de hacerlo, que ya no podrían atender a todos los ciudadanos sin distinción. Si un inmigrante irregular pedía cita, debían decir 'no' salvo en determinadas excepciones. Hace tres años comenzaron a desobedecer. Empleaban los resquicios de una normativa que consideran “arbitraria” para proporcionar seguimiento a todo aquel que lo requiriese. Ahora el Gobierno comienza a darles la razón: una parte de aquello que hacían saltándose la ley, volverá a estar amparado por la normativa.
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