Movilización de las redes sociales, envío de cartas abiertas, difusión de ciberacciones... la voz de la sociedad civil se ha hecho oír. Si finalmente son aprobadas las enmiendas del Parlamento Europeo, 880.000 empresas europeas estarán obligadas a obtener un certificado que acredite que no financian grupos armados ni incentivan abusos de derechos humanos con el comercio de minerales. Ahora nos encontramos con la oportunidad de que se apruebe una ley que ponga coto a las empresas que se lucran con este comercio sin reparar en los derechos (...)
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