El artículo resalta que los hechos de los que se acusa a la ETT murciana son de trabajo no declarado y «regateo de mano de obra en banda organizada». Y detalla que pusieron a disposición de los agricultores franceses a miles de jornaleros, principalmente de América Latina, sin declararlos e incumpliendo las obligaciones relativas a remuneración mínima, tiempo de descanso o duración máxima del empleo, entre otras. Apunta que esta situación provocó que se dejara de ingresar más de 80 millones de euros a la Seguridad Social entre 2012 y 2015.
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