“Compran viviendas sociales baratas, incrementan abusivamente el alquiler a personas vulnerables que no pueden pagarlo y las desahucian sin ruido, sin asumir el coste social de estar lanzando a estas familias”, ha explicado Marta Higueras. Los fondos buitre solían pasar un listado a la Empresa Municipal de Vivienda Social (EMVS) con todas las familias a las que pensaban desahuciar, para que el Gobierno se encargara de darles una alternativa habitacional.
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