Los demandantes, naturales de Malí, sostienen que las compañías internacionales instigaron y secundaron violaciones de Derechos Humanos al comprar el cacao producido en Costa de Marfil. Según estos, a pesar de que las multinacionales conocían el problema de la esclavitud infantil, ofrecieron asistencia técnica y financiera a los granjeros locales para garantizar el bajo precio del ingrediente.
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