El Gobierno ha venido retrasando desde el año pasado la aprobación de medidas decisivas para combatir la corrupción política como es la reforma del Código Penal, la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, todas ellas varadas en su tramitación parlamentaria, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aprobación peligra por la cortedad del actual calendario de la legislatura.
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