1,6 millones personas podrían ser desalojadas. La propuesta ha sido recibida con una avalancha de críticas contra los planes del ayuntamiento que asegura que la gente vivirá en edificios más modernos. Muchos propietarios tienen hipotecas que no son transferibles por ley a otra propiedad y otros han gastado sus ahorros en renovar sus apartamentos. Algunos piensan que el objetivo es echarles para hacer negocios con los terrenos.
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