La reforma del Código Penal que pretende el Gobierno esconde un cambio de sustancial importancia que ha pasado prácticamente inadvertido. El nuevo texto propuesto por el Ejecutivo prevé fórmulas para exonerar a empresas, partidos políticos y sindicatos de la responsabilidad que hasta ahora tenían en el caso de haberse beneficiado de la comisión de algún delito.
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