Consideran que es insuficiente, que no recoge el derecho de los padres a educar a sus hijos en función de sus creencias y reduce la duración. "Lo que no podemos poner bajo sospecha es la religión como algo sospechoso de desestructuración social, que no pueda influir en el ámbito educativo". Prometen que, ante abusos, las familias "pueden estar muy tranquilas".
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