El informe sobre abusos sexuales en la diócesis de Altoona-Johnstown se basó parcialmente en pruebas de un archivo diocesano secreto descubierto por medio de una orden de allanamiento ejecutada en agosto, dijo la procuradora general de Pensilvania, Kathleen Kane. "Estos depredadores violaron una confianza sagrada y cayeron encima de sus víctimas en los mismos lugares donde deberían haberse sentido más seguros", dijo Kane. "Igualmente perturbador es el encubrimiento perpetrado por jerarcas religiosos que lo permitieron durante décadas".
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