La Justicia chilena ordenó este martes al Estado el pago de unos 120 mil dólares (80 millones de pesos locales) a 31 de los 33 mineros que sobrevivieron 70 días atrapados a 700 metros de profundidad. En el fallo, la magistrada Lidia Poza Matus estableció la responsabilidad del Estado, especialmente la del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). También de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud y la Dirección del Trabajo, por la falta de fiscalización de la empresa Minera San Esteban, dueña del yacimiento.
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