El Tribunal de Justicia de la Unión Europea volvió a sacar los colores al gobierno de España al obligar al Gobierno a permitir que los afectados (por las ejecuciones hipotecarias) pudieran recurrir una resolución hipotecaria (aquella a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) pues el Congreso fijó al reformar la ley de enjuicimiento civil que solo los bancos pudieran hacerlo y eso sólo tras otro varapalo europeo histórico a nuestra legislación que obligó al gobierno a modificarla.
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