El Gobierno tiene poco más de dos meses para presentar, como así le invitó a hacer el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzosas de la ONU en un informe publicado el pasado 2 de julio, un cronograma en el que se indiquen las medidas que pretenden llevar a cabo. Desde el informe se pide al Gobierno central que proporcione fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente. Además, recomienda que la justicia trate de asegurar que las desapariciones forzosas no sean crímenes sujetos a amnistía.
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