Entró en vigor el pasado mes de octubre, pero pocos han advertido la peligrosidad de algunas de las medidas de la ley de procedimiento administrativo: una puerta abierta a la impunidad política y la indefensión ciudadana. Una de las más sorprendentes nuevas facultades es la de hacer desaparecer determinados documentos del expediente. El poder ya no necesita correr a censurar lo que no le conviene. La ley le permite eliminarlo directamente.
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