Pocas decisiones judiciales han sido tan contestadas y han levantado tanta indignación social como la que emitió el pasado 26 de abril la Audiencia de Navarra en el caso de La Manada. El hecho de que los jueces no encontraran indicio de violencia o intimidación suficiente para considerarlo una violación, ha sido el detonante de una fuerte contestación social de la que nadie ha quedado al margen. Las protestas en la calle se han repetido desde el mismo momento de conocerse la sentencia, pero también se han extendido a la política y dentro mismo
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