El caso de España es sangrante. Mientras la mayoría de diócesis del planeta, mal que bien, empiezan a colaborar con la Justicia civil, la Conferencia Episcopal continúa sin enviar al Gobierno la información sobre pederastas que le solicitan. El presidente de los obispos españoles minimiza el asunto, no se reúne con las víctimas y aún no ha asumido la obligación de denunciar a los delincuentes sexuales ante los tribunales.
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