El ciudadano que entorpezca el normal funcionamiento de los servicios públicos como el transporte, el suministro de electricidad, el agua u otros, sería procesado por atentar contra el bien jurídico así como la seguridad pública y las penas llegarían hasta los diez años de cárcel en su forma agravada. Asimismo, el delito de disturbios que afecta la paz pública que sería cometido por un grupo o en reunión tumultuaria, sería castigado con mayor gravedad pues podría llegar hasta quince años de pena privativa a la libertad.
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