Manuel Fernández de Sousa llegó a tener tanto poder en Galicia que con un sola llamada podía tumbar acuerdos firmes del Gobierno gallego. No es broma. El expresidente de Pescanova, para quien la Audiencia Nacional pide 28 años de cárcel y 21 millones de euros en multas por llevar a la ruina a la mayor empresa pesquera de Europa, tenía hilo directo con el presidente de la Xunta y no dudaba en recurrir a él si consideraba que lo que publicaba el Diario Oficial de Galicia (DOG) colisionaba con los intereses de su compañía.
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