La Fiscalía también pide la inhabilitación del derecho a ser elegido en unas elecciones (derecho de sufragio pasivo) por este mismo delito, al tiempo que solicita para Cano una pena adicional de nueve meses de prisión y dos años de suspensión de cargo público como autor de un posible delito de cohecho. La acusación pública sostiene que el pasado 6 de enero, el político incumplió los protocolos sobre el orden de vacunación dictados por la autoridad sanitaria y se aprovechó de su condición de alcalde para aceptar que se le inyectase el vial
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