La presión de jueces y fiscales ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a matizar su postura inicial sobre la defensa del magistrado del Tribunal Supremo que instruye el 'procés', Pablo Llarena, tras la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Mientras que el pasado jueves el Ministerio de Justicia aseguró que el Estado no asumiría la defensa de los actos "privados" de Llarena, el Ejecutivo salió con un nuevo comunicado este domingo para desdecirse de esas palabras
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